ONU CASO VERÓNICA ABAD

GINEBRA – Expertos independientes en derechos humanos* expresaron hoy su profunda preocupación por las denuncias de hostigamiento político, administrativo y judicial contra la Vicepresidenta de Ecuador, María Verónica Abad Rojas, y por la naturaleza específica y diferenciada en función del género de estos ataques.

"El caso de la vicepresidenta Abad parece ser un precedente alarmante que pone en peligro el carácter democrático de las elecciones en Ecuador, socava la participación de las mujeres en la vida pública y viola los principios fundamentales de igualdad y no discriminación", dijeron los expertos.

Los expertos señalaron que las medidas presuntamente adoptadas contra la Vicepresidenta Abad, incluida su destitución arbitraria del cargo, el uso indebido de sanciones administrativas y la persecución judicial de su familia, constituirían graves violaciones de sus derechos políticos y del estado de derecho. Tales acciones serían contrarias a las obligaciones internacionales de Ecuador en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

"Desde su toma de posesión en 2023, la vicepresidenta Abad se ha enfrentado a una serie de medidas coercitivas, entre ellas su nombramiento como 'embajadora para la paz' en el conflicto israelí-palestino sin los recursos adecuados, y su traslado forzoso a Israel y posteriormente a Turquía, lo que comprometió su seguridad personal y familiar", dijeron los expertos. Agregaron que en septiembre de 2024, el gobierno habría iniciado un procedimiento administrativo irregular en su contra por "abandono injustificado del cargo", a pesar de que su ausencia fue resultado de una orden ejecutiva del gobierno.

Los expertos señalaron que el 8 de noviembre de 2024, el Ministerio de Trabajo habría emitido una resolución en la que ordenaba su suspensión sin goce de sueldo durante 150 días, en flagrante desprecio a la Constitución ecuatoriana. "A pesar de que la justicia ecuatoriana declaró inconstitucionales estas medidas, el Ejecutivo habría mantenido la suspensión, llegando incluso a que los militares bloquearan su acceso a la Vicepresidencia", señalaron.

Los expertos también expresaron su preocupación por la presunta detención arbitraria del hijo mayor de la vicepresidenta, Francisco Sebastián Barreiro Abad, durante 46 días, y de su abogado, que fue detenido en enero de 2025.

"Estas acciones parecen constituir un uso indebido del sistema judicial para reprimir y silenciar a una alta funcionaria del Estado y su equipo legal, en violación de los principios de debido proceso e independencia judicial", señalaron los expertos.

Subrayaron que la situación se había agravado por el contexto electoral en el que, según se informa, el Presidente de la República se negó a dejar el cargo durante la campaña electoral, en contravención de la Constitución, y nombró a un sucesor sin legitimidad electoral, en lugar de permitir que el Vicepresidente Abad asumiera la presidencia.

Los expertos instaron a las autoridades ecuatorianas a cumplir con las sentencias judiciales para restablecer los derechos del Vicepresidente Abad y garantizar un proceso electoral libre y transparente.

"El incumplimiento de las sentencias judiciales, la persecución política y la manipulación del sistema judicial son incompatibles con los principios fundamentales del derecho internacional y deben cesar de inmediato", dijeron los expertos.

Los expertos han estado en contacto con el Gobierno del Ecuador sobre estas cuestiones.